La Ley 21.331 representa un avance significativo en la igualdad de acceso a la salud mental en Chile. Si tienes un plan antiguo, puedes solicitar que las coberturas de salud mental se igualen a las de salud física.
En septiembre, mes de prevención del suicidio, esta ley, conocida como la Ley de Salud Mental, ha permitido un acceso menos restrictivo a estos servicios desde su implementación en marzo de 2022. Antes, las Isapres ofrecían coberturas de salud mental notablemente inferiores, con algunas prestaciones limitadas al 25% y con topes anuales para reembolsos. La nueva ley garantiza atención en igualdad de condiciones, eliminando las restricciones históricas. Sin embargo, algunos afiliados con planes antiguos no han visto este ajuste de manera automática, y aún existen diferencias.
BioBioChile consultó a Erwin Möller Rubio, abogado especialista en Derecho a la Salud de la Defensoría Salud, quien explicó que la Ley 21.331 establece que las coberturas de salud mental deben ser iguales a las de otras áreas médicas, incluyendo consultas con psicólogos y psiquiatras, y hospitalizaciones psiquiátricas. Antes, las Isapres consideraban estos servicios como "prestaciones restringidas", limitando los reembolsos y aplicando topes anuales en UF. Ahora, los planes nuevos han sido ajustados para cumplir con la ley, otorgando coberturas de hasta el 90% y eliminando los topes anuales.
Sin embargo, para los planes antiguos, algunas Isapres no han hecho este ajuste automáticamente. Esto ha obligado a muchos afiliados a presentar recursos de protección ante la Corte para exigir sus derechos. El abogado de Defensoría Salud señaló que quienes tienen planes anteriores a marzo de 2022 no necesitan cambiarlos para acceder a coberturas justas de salud mental. De hecho, algunos planes antiguos ofrecen mejores beneficios, por lo que se recomienda presentar un recurso si las coberturas no se igualan.
El impacto económico de estos ajustes es considerable. Antes de la ley, una consulta psicológica de $40.000 podía tener un reembolso de solo $16.000, con un tope anual para seis consultas. Con la ley, el reembolso puede llegar a $36.000 por consulta, sin límite anual, lo que genera un ahorro importante para quienes requieren atención continua. Además, este beneficio se extiende a las cargas familiares, garantizando un acceso más equitativo a la salud mental para toda la familia.
